La Fiscalía General de la República recibió 37 denuncias penales contra el senador Adán Augusto López Hernández, presentadas por la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén. Las acusaciones señalan un presunto daño al erario por más de 800 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021, con base en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. La legisladora criticó que el auditor David Colmenares habría protegido al senador y pidió que la Fiscalía Anticorrupción dé seguimiento efectivo al caso.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicó por primera vez la nueva redacción de la Ley de Amparo, aprobada por Morena y sus aliados, para declarar sin materia una contradicción de criterios relacionada con este tipo de casos. Con siete votos a favor, el Pleno respaldó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que establece en el artículo 59 que las recusaciones en asuntos accesorios dentro de un juicio de amparo deben desecharse. El ministro Giovanni Figueroa votó en contra, señalando que el caso debería haberse resuelto de fondo para sentar jurisprudencia aplicable a situaciones previas a la reforma.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó duramente la reforma, advirtiendo que limita la figura de la suspensión, una medida cautelar clave que detiene actos de autoridad mientras se resuelven los juicios. Además, consideraron que la aplicación retroactiva de la ley viola la Constitución, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado este efecto. En su comunicado, el organismo pidió a las autoridades respetar el debido proceso y los derechos humanos, y revisar los cambios legales para evitar abusos.
Estos tres hechos evidencian un clima de tensión jurídica y política en México, con cuestionamientos sobre la rendición de cuentas, la transparencia y el alcance de las reformas legales impulsadas por el Congreso.
