Consejeros del Instituto Nacional Electoral respaldaron la decisión del Senado de no adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027, al considerar que la propuesta incluida en el llamado “plan B” generaba condiciones inequitativas en el proceso democrático.
La consejera Carla Humphrey señaló que, aunque podría tener lógica realizar este ejercicio antes de la segunda mitad del sexenio presidencial, la iniciativa planteada presentaba desventajas claras. Subrayó que impedir a los partidos políticos participar en la difusión o posicionamiento sobre la revocación limitaría el debate público y rompería el equilibrio en la contienda.
En la misma línea, el consejero Martín Faz consideró positivo que la revocación no se lleve a cabo el mismo día de una jornada electoral, ya que esto evita interferencias que puedan afectar la equidad entre fuerzas políticas.
Ambos consejeros también alertaron sobre complicaciones operativas que habría enfrentado el INE en caso de aprobarse la consulta en 2027, debido a la coincidencia con la elección de diputados federales y otros procesos, como la designación de jueces y magistrados, lo que implicaría una carga organizativa considerable para el instituto.
Por otro lado, Humphrey advirtió que la reducción de salarios a funcionarios del INE, también contemplada en la reforma, podría ser inconstitucional. Explicó que este tema ya había sido rechazado previamente en una propuesta de reforma, por lo que su reintroducción en el mismo periodo legislativo podría contravenir disposiciones constitucionales.
Asimismo, indicó que la eliminación de bonos en periodos electorales obligaría a revisar esquemas laborales, ya que el personal trabaja jornadas extendidas, incluso fines de semana y madrugadas, lo que podría derivar en mayores costos por pago de horas extras o incluso en demandas laborales.
