Aunque la reforma a la Ley General de Población convirtió a la CURP biométrica en el nuevo documento nacional de identidad, su arranque en 2026 carece de recursos claros. Ni la Secretaría de Gobernación (Segob) ni la Agencia de Transformación Digital asignaron partidas específicas para la captura de huellas y fotografías que exige la nueva normatividad.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla 290 millones de pesos para el Registro Nacional de Población (Renapo), de los cuales 171 millones se dirigirán a operación y 68 millones a salarios. Sin embargo, no aparece un apartado concreto para la infraestructura y el personal especializado en biometría, pese a que el Renapo fijó como meta un avance de más del 93% en identidad digital.
La medida, impulsada en 2023 por la mayoría de Morena, ha sido cuestionada por la oposición, que la bautizó como “ley espía” al advertir riesgos en la creación de una base masiva de datos personales. La reforma también prevé una Plataforma Única de Identidad para integrar y validar la información.
A la falta de financiamiento se suma la incertidumbre sobre su implementación. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que hasta julio no había una fecha definida para poner en marcha la CURP biométrica, pese a su carácter obligatorio en trámites oficiales.
