A nueve años de la sentencia judicial que ordena el rescate de los ríos Atoyac y Salado en Oaxaca, no existen avances concretos ni un plan integral para cumplirla.
El fallo, emitido el 26 de marzo de 2017 dentro de un juicio de amparo, estableció la obligación de sanear ambos cauces, afectados principalmente por descargas de aguas residuales.
Sin embargo, hasta ahora no se ha definido un instrumento técnico que establezca acciones específicas, plazos, presupuesto ni responsables para ejecutar la resolución, lo que impide evaluar su cumplimiento.
De acuerdo con la organización que impulsó el amparo, la ausencia de una ruta clara limita la aplicación efectiva de la sentencia, pese a su carácter obligatorio.
Aunque el fallo marcó un precedente en materia ambiental al reconocer el derecho de las comunidades a un entorno sano, la contaminación en ambos ríos persiste sin una estrategia formal de atención.
