La Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen que fija un límite a las pensiones financiadas con recursos públicos, con el objetivo de frenar los llamados beneficios “excesivos” dentro del sistema.
La propuesta establece que ninguna pensión podrá superar el 50 por ciento del salario del titular del Poder Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la medida al señalar que busca corregir desigualdades históricas. Desde tribuna, argumentaron que el sistema actual permite contrastes marcados entre pensiones elevadas y otras que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas.
Indicaron además que el dictamen tiene sustento jurídico y que, al tratarse de una reforma constitucional, puede incidir en situaciones previas sin violar principios legales como la seguridad jurídica.
Sin embargo, la oposición cuestionó el alcance de la reforma. Diputados del PAN acusaron que la medida no aplica de manera uniforme y señalaron que deja intacto el haber de retiro de ministros de la Suprema Corte, lo que —dijeron— evidencia un trato selectivo.
También pusieron en duda los criterios utilizados para definir a quiénes sí se les reducirá la pensión y a quiénes no, al advertir que no se incluyó a todos los altos funcionarios.
En el mismo sentido, legisladores del PRI alertaron sobre posibles riesgos en materia de derechos, al considerar que se abre la puerta a la modificación de beneficios ya adquiridos.
Advirtieron que permitir cambios a derechos previamente establecidos podría sentar un precedente que afecte otras garantías en el futuro.
Pese a las críticas, el dictamen avanzó por unanimidad en lo general y continuará su discusión en lo particular en los próximos días.
