Concesionarios y choferes del transporte público urbano presentaron quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado (DDHPO) por la aprobación de reformas a la Ley de Movilidad y la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte Binni Bus.
Los afectados denunciaron que no fueron consultados sobre estas reformas ni sobre la implementación del Binni Bus, y señalaron irregularidades en su operación, como la asignación de un carril exclusivo que impide el paso de las unidades concesionadas.
Alertaron que estas medidas ponen en riesgo sus empleos y antigüedad laboral, y exigieron que se reconozcan las concesiones vencidas en septiembre de 2025, muchas de ellas con más de 50 años de servicio.
Los transportistas anunciaron que también presentarán quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, de ser posible, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
