En México, las playas son consideradas bienes nacionales de uso público, lo que significa que cualquier persona tiene derecho a acceder libremente a ellas, salvo en casos específicos donde existan restricciones oficiales por parte de autoridades federales.
Sin embargo, en la práctica, esta disposición no siempre se respeta. En diversos destinos turísticos del país, visitantes han denunciado que en algunas playas se les cobra por el acceso, o bien, se les impide ingresar con sus propias sillas, sombrillas o alimentos, bajo el argumento de que deben consumir o rentar servicios en el lugar.
Especialistas señalan que, si bien los prestadores pueden cobrar por servicios como estacionamiento, renta de mobiliario o alimentos, no está permitido cobrar por el simple acceso a la playa, ni bloquear el paso en zonas federales.
Estas prácticas, aunque comunes, generan inconformidad entre turistas y población local, ya que limitan el derecho al libre disfrute de estos espacios públicos.
Ante ello, autoridades han reiterado que las playas deben mantenerse accesibles para toda la población, por lo que se invita a denunciar cualquier intento de cobro indebido o restricción injustificada en esta temporada vacacional.
