México enfrenta una ola de violencia, delitos financieros y corrupción que afecta a distintos sectores del país. En Oaxaca, la Fiscalía del Estado detuvo a Miguel Ángel “N”, conocido como “El Chino”, líder transportista e integrante de la CTM, por presunta participación en una red de préstamos ilegales tipo “gota a gota”. La captura se logró tras denunciarse el despojo violento de un mototaxi en San Pablo Etla, usado como garantía de pago. La fiscalía mantiene abiertas las investigaciones sobre esta red de usura, que cobraba altos intereses mediante violencia.
Mientras tanto, en Michoacán, fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y encargado del Tianguis Limonero. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura y varios impactos de bala en una brecha del poblado El Mirador. El crimen ocurre días después de que Bravo denunciara públicamente la caída en los precios del limón y las extorsiones que productores pagan a cárteles del narcotráfico en Tierra Caliente. Las autoridades investigan, mientras los productores exigen mayor seguridad ante la violencia en la región.
Por otra parte, en el Estado de México, se canceló la audiencia inicial del contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo en el caso de “huachicol fiscal”, luego de que no se presentó ni él ni su defensa ante los juzgados del penal federal del Altiplano. Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, perdió recientemente el amparo que lo protegía de la orden de aprehensión. Su hermano, Manuel Roberto Farías, permanece bajo prisión preventiva. La Fiscalía General de la República tampoco asistió a la audiencia, por lo que el proceso continuará hasta la detención del contralmirante.
Estos tres casos muestran cómo la violencia, la corrupción y el crimen organizado impactan en distintos niveles de la sociedad mexicana, desde la seguridad pública y el sector agrícola hasta la operatividad de redes de delitos financieros y de combustible.
