Se cumplen tres meses de la desaparición de Mauricio Vázquez Cruz, jornalero originario de Oaxaca, visto por última vez el 20 de diciembre de 2025 en un campo agrícola de Navolato, Sinaloa, a donde había viajado por trabajo.
Desde entonces, su familia —especialmente su madre— denuncia la falta de atención y avances por parte de la fiscalía estatal, pese a la gravedad del caso. Incluso, organismos internacionales han emitido acciones urgentes para su localización.
El caso de Mauricio no es aislado.
En Sinaloa también se reporta la desaparición de otro joven oaxaqueño: Pablo Osorio Sánchez, originario de Tlaxiaco, quien fue visto por última vez el 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia.
A estos casos se suman los de Martín y Rafael, dos adolescentes que desaparecieron a inicios de marzo tras viajar a trabajar a un rancho en Sinaloa. Aunque mantuvieron contacto con sus familias durante algunos días, después se perdió toda comunicación.
Este patrón —jóvenes que migran por trabajo y desaparecen— se repite en un contexto donde las desapariciones han aumentado de forma alarmante en el estado, con un incremento significativo en los últimos años.
El punto crítico es evidente: no solo desaparecen personas, desaparece también la respuesta del Estado. Familias que buscan solas, investigaciones lentas o inexistentes, y un sistema que reacciona solo cuando la presión crece.
Hoy, tres meses después, Mauricio no solo sigue desaparecido: también sigue pendiente la justicia. Y con cada nuevo caso, crece la sensación de que en México, salir a trabajar puede convertirse en una sentencia de desaparición.
