A partir del 3 de noviembre de 2026, las escuelas primarias y secundarias del país deberán aplicar restricciones al uso de teléfonos celulares, una medida que busca reducir las distracciones durante la jornada escolar y limitar el uso recreativo de estos dispositivos dentro de los planteles.
La disposición forma parte de una política educativa que plantea establecer reglas más estrictas para el uso de dispositivos móviles entre estudiantes. La medida contempla tanto el tiempo dentro de las aulas como los periodos de recreo, aunque podrán existir excepciones cuando el uso del teléfono tenga una finalidad educativa, médica o relacionada con alguna situación específica autorizada por el plantel.
El debate alrededor de esta decisión se ha concentrado en el impacto que tiene el uso constante de teléfonos inteligentes entre niños y adolescentes. Datos citados en torno a la medida señalan que los jóvenes mexicanos pueden pasar varias horas al día frente a pantallas y que una parte importante del uso de celulares dentro de las escuelas tiene fines ajenos a las actividades académicas.
La discusión también ocurre después de los resultados de PISA 2025, en un contexto en el que autoridades educativas buscan modificar las condiciones de aprendizaje y reducir factores que puedan afectar la concentración de los estudiantes.
México se suma así a una tendencia que ya se observa en otros países latinoamericanos, aunque las reglas y el nivel de restricción varían de acuerdo con cada sistema educativo.
La aplicación de la medida implicará que cada comunidad escolar establezca mecanismos para el resguardo, uso excepcional y responsabilidad sobre los teléfonos. El objetivo declarado es que los dispositivos no interfieran con las actividades escolares.
