La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 325 votos a favor y 114 en contra, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas obligaciones y responsabilidades para los proveedores de servicios de internet.
El dictamen contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a alrededor de 4.6 millones de pesos.
El problema no es solamente proteger los derechos de autor. La preocupación está en que, ante multas de ese tamaño y conceptos que organizaciones de derechos digitales consideran ambiguos, las plataformas pueden optar por retirar contenidos de manera preventiva antes de que exista una resolución definitiva.
ARTICLE 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales han advertido precisamente ese riesgo: que los proveedores tengan incentivos para monitorear o eliminar publicaciones para evitar sanciones, lo que podría afectar contenidos como memes, parodias, sátira y otras expresiones protegidas.
Incluso la ministra en retiro Olga Sánchez-Cordero se abstuvo de votar y cuestionó que algunas normas sean demasiado abiertas y dejen un margen amplio de discrecionalidad a la autoridad sancionadora.
La mayoría oficialista sostiene que la reforma protege a los autores y que no prohíbe los memes ni la sátira. De hecho, la Presidencia ha insistido en que la llamada “Ley Antimemes” no busca censurar esas expresiones.
Pero el debate de fondo permanece: una ley que pretende combatir la piratería no debería generar, como efecto colateral, que las empresas prefieran borrar contenido legítimo antes que enfrentar multas millonarias.
El antecedente es importante: la legislación vigente ya contempla un régimen de protección para los proveedores de internet y establece que no son responsables automáticamente por los contenidos de sus usuarios.
La reforma, por tanto, no debe analizarse solamente desde la protección al derecho de autor, sino también desde sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y el acceso a internet.
