Comuneros de San Dionisio del Mar ampliaron este martes una zanja en el camino que comunica a este municipio con Chicapa de Castro, comunidad perteneciente a Juchitán de Zaragoza.
La medida busca impedir el paso de vehículos e incluso motocicletas, en medio de una disputa entre ambos pueblos de mil 700 hectáreas de tierras.
El conflicto entre San Dionisio del Mar y Chicapa de Castro tiene antecedentes que se remontan a la década de los setenta.
De acuerdo con antecedentes oficiales, una sobreposición de planos agrarios generó indefinición sobre los límites entre ambas comunidades.
La superficie en disputa se estima en alrededor de mil 700 hectáreas y durante décadas ha sido motivo de enfrentamientos, bloqueos y restricciones al tránsito.
En 2023, el conflicto escaló hasta el corte de caminos y la suspensión del suministro de agua y electricidad hacia San Dionisio del Mar.
Posteriormente, ambas comunidades alcanzaron acuerdos para respetar el territorio en disputa y garantizar la libre circulación.
Sin embargo, la tensión volvió a aumentar.
En 2024, el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec emitió una resolución favorable a Chicapa de Castro. San Dionisio del Mar manifestó su inconformidad y el conflicto continuó.
En 2025, las acciones de ambos grupos volvieron a afectar las vías de comunicación.
Chicapa de Castro llegó a abrir una zanja en el camino hacia San Dionisio del Mar, dejando incomunicada a parte de la población y afectando a comerciantes, estudiantes y transportistas. Posteriormente, la zanja fue rellenada tras acuerdos con autoridades estatales y federales.
Pero el problema no terminó.
En mayo de este año, transportistas denunciaron nuevas afectaciones por el conflicto, entre ellas dificultades para trasladar mercancías, víveres y medicamentos, además de mayores tiempos y costos para salir de San Dionisio del Mar.
Ahora, con la ampliación de la zanja por parte de comuneros de San Dionisio del Mar, vuelve a crecer la tensión.
El camino se convierte nuevamente en el punto visible de una disputa territorial que lleva décadas sin una solución definitiva.
Mientras las comunidades mantienen posiciones encontradas, habitantes de ambas localidades enfrentan las consecuencias de un conflicto que no solamente divide tierras, sino también caminos, servicios y relaciones entre pueblos vecinos.
La exigencia de los pobladores es que las autoridades agrarias retomen el diálogo y encuentren una solución definitiva antes de que la tensión pueda derivar en un nuevo enfrentamiento.
