La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 10 millones 988 mil pesos en el manejo de recursos destinados a la nómina educativa en Oaxaca, durante el ejercicio fiscal 2025. Entre las observaciones destacan pagos a personas que ocuparon cargos de elección popular, trabajadores con plazas en centros laborales geográficamente incompatibles y empleados que ya habían fallecido.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2025, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realizó pagos por 9 millones 623 mil pesos a 50 trabajadores que desempeñaron cargos de elección popular, sin acreditar que sus actividades estuvieran relacionadas con la educación básica y normal.
La auditoría también identificó pagos por 977 mil 865 pesos a cuatro trabajadores que tenían plazas en distintos centros de trabajo, cuyas ubicaciones hacían incompatible el desempeño simultáneo de sus funciones.
A esto se suman 387 mil 245 pesos pagados a cuatro personas que aparecían con registro de defunción en las bases de datos de la Secretaría de Salud, sin que se acreditara la procedencia de esos recursos.
En el mismo informe, la ASF reportó un subejercicio de 53 millones 797 mil pesos, cantidad que tuvo que ser reintegrada a la Tesorería de la Federación.
Las observaciones corresponden al periodo en que Emilio Montero Pérez estuvo al frente del IEEPO, antes de presentar su renuncia. Su salida ocurrió después de la detención del entonces presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, investigado por extorsión agravada y otros delitos, además de presuntos vínculos con la estructura criminal conocida como Los Cromos, que opera en la región del Istmo.
El caso también puso bajo escrutinio la nómina educativa, luego de que se revelara que regidores y funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán cobraban en el IEEPO. Entre las personas señaladas en esa lista también figuraron periodistas y funcionarios estatales.
Hasta ahora, el monto observado por la ASF supera los 10 millones de pesos y corresponde a recursos cuyo ejercicio deberá ser aclarado ante la autoridad fiscalizadora.
