Un grupo de abogados y familiares de presuntos miembros de cárteles acusó que el gobierno mexicano ha traspasado a casi 100 detenidos a Estados Unidos sin órdenes formales de extradición, lo cual, según los denunciantes, vulnera el debido proceso establecido por la ley mexicana.
Las transferencias se habrían realizado bajo acuerdos de seguridad con Estados Unidos ante la presión para combatir al crimen organizado, pero los abogados aseguran que las deportaciones a tribunal estadounidense se hicieron sin las garantías procesales necesarias.
El caso ha reabierto el debate sobre equilibrio entre cooperación internacional y respeto al marco jurídico interno, y será un foco de discusión en los próximos días entre especialistas y autoridades.
