El expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, podría enfrentar una pena acumulada de entre 13 y 33 años de prisión en caso de ser declarado culpable de los delitos de extorsión agravada y contra actos de investigación, actividades de seguridad pública y del Estado.
El cálculo corresponde a las penas previstas en el Código Penal de Oaxaca para los delitos que actualmente se le imputan. El artículo 165 Quáter contempla penas de prisión para distintas conductas relacionadas con actividades de seguridad pública y del Estado, mientras que las sanciones aplicables a la extorsión agravada establecen penas mayores cuando existen determinadas circunstancias.
