Mientras millones de personas enfrentan dificultades para conseguir medicamentos en instituciones públicas de salud, diputados federales de Morena recurren a la distribución gratuita de fármacos y a las caravanas médicas para promover su imagen, con sus nombres y logotipos partidistas en farmacias y jornadas de atención.
La estrategia ha sido impulsada por los legisladores Favio Castellanos, Anaís Burgos y Gerardo Ulloa, quienes durante meses han difundido estas actividades como una forma de acercar servicios de salud a la población. Sin embargo, los tres también se inscribieron en el proceso interno de Morena para buscar candidaturas a distintas presidencias municipales en 2027.
El contraste plantea cuestionamientos sobre el uso de las necesidades de la población para construir posicionamiento político, particularmente cuando el acceso a medicamentos y servicios médicos debería estar garantizado por las instituciones públicas y no depender de jornadas organizadas por legisladores.
En Oaxaca también hay prácticas que ameritan escrutinio.
La entrega de despensas atribuidas al Sistema DIF se convierte en otro asunto que debe revisarse cuando estos apoyos se difunden o distribuyen acompañados de la imagen de funcionarios, operadores políticos o grupos con intereses electorales.
La pregunta es quién financia esos apoyos, de qué programa provienen, bajo qué reglas se entregan y por qué, en determinados casos, parecen convertirse en instrumentos de promoción personal. Si se trata de recursos públicos, su distribución debe responder a criterios transparentes y no a intereses políticos.
No se trata de cuestionar la entrega de medicamentos o alimentos a familias que los necesitan, sino de examinar quién se beneficia políticamente de esas acciones y si la asistencia social está cumpliendo su propósito o se está utilizando como plataforma de posicionamiento.
Tanto en el reparto de medicamentos como en la entrega de despensas, el problema de fondo es la posible utilización de las carencias sociales para construir presencia política, en lugar de garantizar servicios y apoyos institucionales sin condicionamientos ni promoción personalizada.
La asistencia social no debería convertirse en propaganda ni los derechos de la población depender de la cercanía con un partido, funcionario o aspirante a un cargo público.
