El presunto desfalco en la Dirección de Pensiones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no sería de 30 millones de pesos, como se había estimado inicialmente. De acuerdo con Marcelino Coache Verano, integrante de la Junta Directiva de Pensiones, el monto del posible quebranto ascendería en realidad a mil millones de pesos.
La cifra representa una diferencia considerable y coloca el caso en otra dimensión. Coache Verano señaló que la semana pasada se reunió con el presidente municipal, Raymundo Chagoya, quien le habría informado que el asunto ya fue turnado a la Fiscalía General de la República, al tratarse presuntamente de recursos de origen federal.
Es decir, de confirmarse este monto, estaríamos hablando de un quebranto más de 30 veces superior al cálculo que inicialmente se había dado a conocer.
Pero el caso no solamente tiene una dimensión financiera. Coache Verano también denunció que las amenazas en su contra continúan desde que hizo público el presunto desvío de recursos.
Aseguró haber recibido llamadas telefónicas y haber sido objeto de persecuciones que, dijo, representan un riesgo para su integridad.
Y aquí hay una pregunta central: ¿dónde terminaron esos mil millones de pesos y quién fue responsable de su manejo?
El integrante de la Junta Directiva sostuvo que no pretenden retirar la denuncia ni dejar el tema en el ámbito de las acusaciones públicas. Pidió que las autoridades aceleren las investigaciones y determinen quién autorizó, operó o se benefició de este presunto manejo irregular de recursos.
Ahora la investigación queda también en manos de la autoridad federal. Lo importante será conocer qué documentación existe para sustentar la cifra de mil millones de pesos, cuál fue el origen de los recursos y, sobre todo, si las autoridades pueden establecer responsabilidades.
Porque una cosa es hablar de un posible desvío de 30 millones de pesos y otra muy distinta es investigar un presunto quebranto de mil millones de pesos en un sistema que administra recursos destinados a pensiones.
Por ahora, se trata de señalamientos que deberán ser acreditados mediante una investigación formal. Pero la diferencia entre la primera cifra y la que ahora se denuncia obliga a revisar con detalle qué ocurrió con los recursos de Pensiones del municipio capitalino.
