La presidenta Claudia Sheinbaum cumple este jueves dos años en el cargo con la continuidad de Andrés Manuel López Obrador como sello de gobierno, pero ante desafíos propios para acelerar la economía, contener al crimen organizado y conducir con «cabeza fría» la relación con Estados Unidos ante la agresiva retórica del presidente Donald Trump.
La mandataria ha mantenido una delicada relación con Trump, a quien evita confrontar directamente y con quien sólo se ha reunido de manera presencial en el marco del Mundial de futbol
En la Asamblea General de la ONU, la semana pasada, el presidente estadounidense defendió el empleo de un fuerte poder militar contra los cárteles y reclamó a México mayores acciones frente a zonas controladas por organizaciones criminales al asegurar que era el «epicentro» de la violencia del narcotráfico.
Ante ello, Sheinbaum se ha dedicado a repetir el lema: «coordinación, sin subordinación».
El gran desafío sigue siendo la violencia, pese a que el gobierno destaca una reducción superior al 50% en el promedio diario de homicidios dolosos desde septiembre de 2024, al pasar de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 40.8 diarios en agosto de 2026.
A pesar de que Sheinbaum considera a su antecesor como su mentor político, lo cierto es que su administración se ha distanciado de la política de «abrazos y no balazos» predicada durante el sexenio de López Obrador, y que ha sido muy criticada por expertos.
Edgar Ortiz-Arellano, académico de la Facultad de Administración de la UNAM, advirtió que la reducción de los homicidios «no necesariamente refleja que el país esté pacificado», ante delitos como la extorsión y la desaparición de personas, así como la fortaleza del crimen organizado en varias zonas del país.
Ante esta situación, Washington ha insistido en que México debe hacer más para combatir la violencia y ha apuntado a la corrupción de funcionarios públicos como parte del problema.
Especialmente significativo es el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, acusados formalmente en abril por fiscales estadounidenses de presuntos delitos de narcotráfico y armas vinculados al Cártel de Sinaloa.
Ese estado del oeste de México vive desde hace más de dos años una ola de violencia de gran magnitud, con miles de muertos y desaparecidos, con la pugna entre dos facciones del cartel.
