La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que cualquier solicitud de extradición derivada de acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos debe ser analizada y resuelta por la Fiscalía General de la República, instancia facultada para determinar su procedencia conforme a derecho.
La dependencia estatal precisó que este tipo de procesos deben sustentarse en datos de prueba sólidos y apegarse estrictamente al marco legal vigente, incluyendo lo establecido en la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales entre México y Estados Unidos.
En su posicionamiento, la Fiscalía sinaloense hizo énfasis en el principio de presunción de inocencia, señalando que ninguna persona puede ser considerada culpable sin una resolución emitida por autoridad judicial competente. El señalamiento se dio particularmente en referencia al vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, mencionado en una acusación formal presentada en el extranjero.
De acuerdo con información difundida desde el Distrito Sur de Nueva York, Castro Saavedra enfrenta señalamientos por presunta conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión de armamento de alto poder y dispositivos explosivos.
En el mismo expediente también se menciona al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les vincula con presuntas actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
El fiscal federal Jay Clayton calificó al Cártel de Sinaloa como una estructura criminal que ha operado durante décadas, señalando que su alcance se ha visto favorecido por la supuesta colaboración de actores políticos y de seguridad.
Tras darse a conocer estas acusaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su evaluación.
La cancillería mexicana indicó además que la documentación recibida hasta el momento no contiene elementos de prueba suficientes que permitan determinar responsabilidades ni proceder con detenciones provisionales con fines de extradición.
Finalmente, las autoridades reiteraron que cualquier actuación en este caso deberá conducirse con apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.
