Autoridades agrarias de San Francisco Coatlán acusaron la criminalización de 20 comuneros —seis mujeres y 14 hombres— tras diversas protestas realizadas por el incumplimiento de acuerdos relacionados con la autopista Barranca Larga–Ventanilla.
En coordinación con organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, señalaron que la Fiscalía General de la República inició carpetas de investigación en contra de integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, a partir de movilizaciones realizadas en 2025.
Las denuncias penales, indicaron, fueron promovidas por Caminos y Puentes Federales, bajo el señalamiento de oposición a la ejecución de obra pública.
De acuerdo con las autoridades comunitarias, los comuneros involucrados han participado en acciones para exigir el cumplimiento de compromisos asumidos durante la construcción de la autopista, obra iniciada en 2008, reactivada en 2020 y concluida en 2024.
Los inconformes sostienen que dichos acuerdos no han sido cumplidos, lo que derivó en conflictos en la región. Recordaron que el 23 de marzo de 2025, en el paraje El Limar, se registró un enfrentamiento entre habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, con saldo de personas fallecidas y lesionadas.
Según las denuncias, este hecho se originó por la falta de información entre comunidades sobre compromisos asumidos por la empresa COCONAL en torno al aprovechamiento de recursos derivados de la obra.
Asimismo, señalaron que persiste un patrón de uso del sistema penal contra defensores del territorio en Oaxaca, acompañado —afirman— de hostigamiento, amenazas y operativos de seguridad durante manifestaciones.
Ante este contexto, exigieron la cancelación de las carpetas de investigación, el cese de la criminalización y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, así como a los acuerdos internacionales en materia ambiental y de participación comunitaria.
Comuneros denuncian persecución penal por protestas en obra carretera



