La polémica por las contrataciones de material electoral del Instituto Nacional Electoral continúa generando reacciones políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar los mecanismos de adquisición del organismo, luego de que se difundieran señalamientos sobre una posible concentración de contratos entre un grupo de empresas proveedoras.
De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas este fin de semana, desde 2022 existían indicios de posibles prácticas de colusión entre cinco empresas que participaban en licitaciones del INE y de organismos públicos locales electorales.
El señalamiento apunta a que compañías que aparentemente competían entre sí habrían coordinado sus propuestas para obtener contratos públicos, una práctica que, de acreditarse, podría constituir una violación a las normas de competencia económica.
El tema también alcanzó a anteriores administraciones del instituto. Entre las exigencias planteadas por legisladores y especialistas está investigar los procedimientos de contratación de los últimos diez años, así como revisar las sanciones impuestas a las empresas involucradas.
Sheinbaum ha planteado que Talleres Gráficos de México pueda participar en la producción de materiales electorales para reducir la dependencia de proveedores privados. Sin embargo, desde el propio ámbito electoral también se han expresado reservas sobre la capacidad operativa y los mecanismos de subcontratación de esa empresa pública.
La discusión adquiere relevancia ante la organización de las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán 17 gubernaturas.
El debate ahora se concentra en determinar si existieron prácticas irregulares, quiénes serían responsables y qué cambios deben realizarse para garantizar que las compras electorales se efectúen bajo condiciones de competencia y transparencia.
