La Secretaría de Hacienda incrementó los estímulos fiscales a los combustibles durante esta Semana Santa, con un énfasis particular en el diésel, al que se le otorgó un apoyo superior al 70 por ciento, con el objetivo de contener la inflación y evitar incrementos abruptos en los precios. De acuerdo con el gobierno federal, estas medidas buscan proteger la economía familiar, reducir el impacto en el transporte de mercancías y mantener estables los costos de productos básicos, además de un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un tope voluntario en el precio del diésel.
Sin embargo, en la práctica, estos estímulos no significan una disminución en los precios al consumidor, sino únicamente una moderación en los aumentos. Es decir, los combustibles no necesariamente bajan, sino que suben menos de lo que lo harían sin este apoyo. A esto se suma que los precios en México siguen sujetos a factores externos, como el comportamiento del mercado internacional del petróleo y tensiones geopolíticas, lo que limita el alcance real de las medidas.
En el caso del diésel, aunque es el combustible más beneficiado, su costo continúa siendo elevado, lo que impacta directamente en el transporte y eventualmente en el precio de alimentos y otros productos. Además, el llamado tope al precio es de carácter voluntario, por lo que no existe garantía de que se respete de manera uniforme en todas las estaciones de servicio.
Así, aunque el gobierno presenta estos estímulos como una herramienta para controlar la inflación, en los hechos funcionan como un amortiguador parcial que no resuelve el problema de fondo de los altos precios de los combustibles.
