De acuerdo con información difundida por N+, la muerte de dos niñas gemelas de origen haitiano en el albergue migrante “Casa Pato”, en el municipio de San Raymundo Jalpan, ha generado señalamientos por presuntas omisiones y manejo irregular del caso por parte de autoridades estatales.
Las menores, de seis años de edad, ingresaron a México en diciembre de 2025 junto con su madre y su hermano menor. Tras permanecer dos meses en Tapachula, Chiapas, en espera de autorización migratoria para viajar a Monterrey, fueron detenidos el 20 de febrero cerca de la ciudad de Oaxaca por no contar con documentos y posteriormente canalizados al albergue, que forma parte del Sistema DIF estatal.
Días después, las niñas fueron encontradas sin vida dentro de una cisterna de aguas negras ubicada a pocos metros del área de juegos y dormitorios. Las actas de defunción establecen que la causa fue asfixia por sumersión, clasificada como muerte accidental o violenta.
El padre de las menores viajó a Oaxaca tras la tragedia y denunció que el inmueble presentaba condiciones de descuido. Señaló que la tapa de la cisterna estaba deteriorada y que el área no contaba con medidas adecuadas de seguridad.
Según N+, el gobierno estatal ordenó la sepultura de las niñas en un panteón privado en Tlacolula de Matamoros. La familia afirmó que después del sepelio fueron trasladados a Monterrey con boletos de avión gestionados por autoridades, pero sin el acompañamiento psicológico, jurídico y económico que —aseguran— se les había prometido. También señalaron que durante su estancia fueron mantenidos bajo resguardo y sin contacto libre con medios de comunicación.
Tras los hechos, fueron removidas la directora general del DIF estatal, la directora del albergue y la coordinadora de albergues. En tanto, el jefe del Departamento de Servicios Generales del DIF fue detenido e imputado por homicidio culposo; hasta el momento es la única persona procesada. La Fiscalía informó que se trata de un delito que permite enfrentar el proceso en libertad si se prioriza la reparación del daño.
A una semana de la tragedia, la cisterna donde ocurrieron los hechos no había sido reparada, lo que ha generado cuestionamientos sobre el mantenimiento de los espacios bajo resguardo institucional. El caso continúa bajo investigación.
