Organizaciones civiles de Oaxaca denunciaron que el dictamen de la nueva Ley de Aguas Nacionales, impulsado por el gobierno federal, mantiene un modelo que favorece la privatización y excluye a los pueblos indígenas.
A través de un comunicado, señalaron que la propuesta presentada por Conagua no incorpora las demandas planteadas en los Parlamentos Abiertos, lo que consideran una falta de transparencia y de participación ciudadana.
De acuerdo con estas organizaciones, el documento conserva elementos de la ley vigente desde el sexenio de Carlos Salinas y deja fuera la creación de una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo y sustentable.
También advirtieron que el dictamen abre la puerta a la privatización de sistemas hidráulicos y permite el cobro discrecional de derechos a grandes concesionarios, quienes —aseguran— actualmente solo pagan por una fracción del agua que utilizan.
Además, acusaron que se mantienen los Consejos de Cuenca sin representación comunitaria, mientras que no se reconocen los derechos al agua de pueblos y comunidades indígenas, ni se atiende el problema del sobreconcesionamiento o la contaminación de acuíferos.
Las organizaciones afirmaron que continuarán presionando al Poder Legislativo para que garantice una reforma que respete la Constitución y proteja el acceso al agua como un derecho humano.
